La participacion del estado en gestion, infraestructura y legislacion del agua de riego en Chile : una vision desde los actores

Abstract

En Chile la participación del Estado en la gestión y administración del agua de riego ha formado parte del desarrollo como nación, debido a que la agricultura se desarrolla en una zona de tendencia mediterránea, donde la gestión del recurso pasa a jugar un rol importante. El Estado garantiza la existencia de derechos de aprovechamiento de aguas a sus usuarios, para el agua superficial y subterránea, como también garantiza la existencia de un cuerpo institucional que gestiona y administra las obras de riego. Lo anterior se debe a la existencia de un Código de Aguas, que rige desde el año 1952, el que ha sufrido modificaciones en los años 1967 (Ley Reforma Agraria) y 1981 (Ley 1.122). Actualmente está en proceso de ser modificado, puesto que, presenta debilidades de importancia para el desarrollo de proyectos productivos, tanto públicos como privados. La legislación de riego carece de normas operativas que eviten la contaminación de agua, más aún si consideramos que existe poca conciencia por parte de los usuarios en esta materia. Además, carece de normas que regulen el mal uso, es decir, que eviten la especulación que se produce por la libre obtención de derechos. La institucionalidad estatal y la organización de los usuarios privados, en la gestión del recurso y las políticas de aguas se articulan en el marco legal que les entrega el Código de Aguas. La institucionalidad pública es representada por varios organismos, destacándose: Dirección de Obras Hidráulicas, Dirección General de Aguas, Comisión Nacional de Riego, Instituto de Desarrollo Agropecuario, entre otros. Por su parte, los usuarios privados se organizan en Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas y Comunidades de Aguas. Este exceso de instituciones se traduce en ineficiencias en gestión y asignación de recursos para inversión en riego. Además, existe una debilidad en la organización, debido a la escasa colaboración, conciencia y desinformación de los temas de interés, que posee el sector privado.