Cumplimiento y ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Estado de Chile

Abstract

Desde el momento en que el Estado de Chile decide formar parte de la Organización de Estados Americanos, ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “CADH”) y reconocer competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “La Corte”, o “CIDH”), limita su soberanía y pasa a convertirse en destinatario de un conjunto de deberes y obligaciones internacionales que emanan de estos tratados, tales como el deber de promover, proteger y garantizar los derechos fundamentales (reconocidos tanto en su legislación interna como en la Convención), adoptar todas las medidas legislativas o de otro carácter necesarias para dar cumplimiento a la obligación anterior y a las sentencias emanadas de la Corte, en todos los casos en que sea parte. En este contexto, el Estado de Chile ha sido objeto de diversas reclamaciones ante los organismos de la Convención Americana de Derechos Humanos. La CIDH ha conocido de cinco casos contenciosos contra el Estado de Chile y en todos ellos ha declarado la responsabilidad de éste por violación a ciertos derechos consagrados en la Convención, estableciendo que la legislación nacional, así como ciertas decisiones judiciales, habían vulnerado las obligaciones internacionales contraídas por el Estado en virtud de este tratado. Como consecuencia de lo anterior se ha impuesto al Estado el deber de ejecutar acciones internas con el objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales, como por ejemplo, adoptar ciertos cambios legislativos y constitucionales para adecuar el ordenamiento jurídico interno a la Convención, anular ciertas sentencias judiciales para continuar con la investigación de los hechos constitutivos de violación a los derechos humanos, entre otras El objetivo de esta investigación es determinar el estado de cumplimiento de las sentencias dictadas por la CIDH en contra del Estado de Chile, así como las circunstancias o factores que dentro de nuestro ordenamiento jurídico condicionan su cumplimiento y ejecución con el fin de resolver si el Estado, a través de la estructura y atribuciones de sus órganos y de su ordenamiento jurídico, puede ofrecer garantías para dar efectivo cumplimiento a los fallos de la Corte, especialmente, cuando las medidas que ésta impone consistan en el deber de adecuar la legislación interna a la Convención 2 (derogando las normas vulneratorias o dictando las adecuatorias) o en la obligación de investigar y sancionar a los responsables de las infracciones, no obstante existir en ciertos casos, un pronunciamiento en el orden interno del cual emana el efecto de cosa juzgada.